Casi 9 de cada 10 edificios certificados suspenden en eficiencia energética en Aragón

Casi 9 de cada 10 edificios certificados suspenden en eficiencia energética en Aragón

Causó revuelo cuando se puso en marcha la nueva normativa europea. Se coló en todos los programas de los partidos políticos durante la campaña electoral, y todo parece indicar que se seguirá hablando y mucho de la eficiencia energética en los edificios tanto públicos como en los hogares. Sobre todo porque después de casi dos años siendo necesario un certificado energético para poder vender o alquilar un piso los datos revelan que en España apenas se ha evaluado -influido claramente por el escaso ritmo que tiene aún el mercado inmobiliario- y porque los que sí que han pasado el examenhan obtenido en su inmensa mayoría una calificación deficiente.

Según los datos del Ministerio de Industria, en España un 84% de los edificios estudiados (algo más de 1,2 millones) obtienen una calificación de E, F o G dentro de los estándares marcados por Europa, las tres peores notas que denotan que el inmueble en cuestión ‘pierde’ energía por factores como el gasto en electricidad, la pérdida de calefacción por el cierre de las ventanas o las emisiones que genera. Dentro de este examen, los 8.863 inmuebles evaluados hasta comienzos del 2015 en Aragón –la gran mayoría edificios antiguos- acarreaban en su conjunto la peor media nacional, con un 85% dentro de las tres letras deficitarias, obteniendo además casi 1.700 de ellos la peor nota posible.

De hecho, en Aragón, apenas 31 de los más de 8.000 edificios evaluados hasta 2015 habían obtenido las calificaciones A o B -las mejores- en lo que respecta a consumo energético, lo que da una idea de las dificultades que supone conseguirlo y de la escasa exigencia que había en España antes de la entrada en vigor de la norma. En otras comunidades el panorama, aunque ligeramente mejor, es similar al de Aragón. Autonomías como el País Vasco, Madrid o Cataluña cuentan con 8 de cada 10 edificios con las peores calificaciones, mientras que, en el otro extremo, Andalucía o Navarra han obtenido una certificación “eficiente” en algo más de 3 de cada 10 de sus inmuebles.

El certificado energético tiene su origen en junio del 2013, cuando a raíz de una normativa europea se obligó en España a adaptarse a esta prueba para poder vender o alquilar una vivienda o un local. La obligación, no obstante, solo implica obtener el certificado,independientemente de la calificación que se consiga, con el objetivo de ofrecer al futuro propietario algunos datos sobre cuánto puede ser el coste al mes de energía de ese inmueble e incentivar la eficiencia.

El sistema en Aragón, sin embargo, se puso en marcha con algunos problemas. El registro en el que se recogen estos certificados fue uno de los últimos en ponerse en marcha, y en toda España en torno a la calificación -que pueden llevar a cabo tanto arquitectos como ingenieros industriales y expertos en certificación energética- se desató una guerra de precios que rebajaba los 200 euros que de media se suponía que iba a costar obtenerlo.

No obstante, en la actualidad, tras ponerse en marcha el registro en abril del año pasado, la certificación de inmuebles se ha acelerado en la Comunidad. Por ejemplo, el primer informe elaborado por Industria en junio del año pasado se recogía que Aragón solo tenía registradas 32 certificaciones en todo el territorio, una cifra que seis meses más tarde pasó hasta los 8.800 en enero, y que ahora, según los últimos datos facilitados por la DGA pertenecientes a abril de este año, se elevaba hasta las 11.347 certificaciones validadas.

Además, desde la Consejería de Industria se detalla que ya se han recibido más de 27.000 solicitudes para añadir al registro. De los 11.347 certificaciones ya inscritas, el 70% corresponde a alquileres, el 20% a ventas y el 1% a nueva construcción y edificios de administraciones públicas.

De no obtener el certificado -que cuenta con una validez de 10 años- los propietarios o arrendatarios se exponen además a sanciones que pueden llegar a alcanzar los 6.000 euros.

El color político no importa en este caso

Aunque en el apartado energético sí que se pudieron encontrar posiciones diferentes según el partido en los programas presentados para las elecciones del pasado domingo -el fracking o el autoconsumo marcaban las mayores divergencias-, todos los partidos políticos que finalmente entraron en las Cortes marcaban de un modo u otro la importancia de la eficiencia energética en los hogares como un factor fundamental en sus proyectos económicos.

No en vano, la adaptación de viviendas antiguas que volvían a salir al mercado para obtener mejor nota en esta normativa ha sido uno de los pocos respiros que ha tenido el sector de la construcción en estos años de parálisis. El Partido Popular, por ejemplo, recogía en su programa una recomendación de la Unión Europea que adelantaba que en este campo “se crearán miles de puestos de trabajo en un futuro inmediato” gracias a los empleos de acondicionamiento y puesta a punto que requiere , mientras que Podemos, por su parte, se atrevió a lanzar un plan de rehabilitación de inmuebles con la eficiencia energética como objetivo prioritario que según los estudios del equipo del partido podría dar empleo a unas de 9.000 personas solo en la Comunidad.

Por el empleo iban buena parte de los argumentos de las formaciones, pero también por el ahorro en el consumo energético. Sin ir más lejos, un informe de esta semana realizado por DKV y la fundación Ecodesrecogía que Aragón ocupaba el quinto puesto de todas las autonomías en gasto energético en los hogares debido “al incremento del valor de la energía y la baja eficiencia energética de los edificios”.

Artículo de Heraldo de Aragón:  http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/05/29/casi_cada_edificios_certificados_suspenden_eficiencia_energetica_aragon_363632_300.html